Resumen: Declarada extinguida la pensión de alimentos establecida a cargo del actor en la anterior sentencia de divorcio se plantea el momento en el que se debe entender extinguida. Cuando se presentó la demanda, el hijo contaba con 22 años de edad y había venido trabajando desde los 18 años los fines de semana y las vacaciones para costearse su formación, formación que aunque no había terminado cuando se interpuso aquélla, sí estaba a punto de concluir al tiempo de dictarse la sentencia de primera instancia, permitiéndole comenzar a trabajar ya continuamente con un contrato indefinido. La jurisprudencia predica la retroactividad a fechas anteriores a la demanda si hubiere un claro abuso de derecho, lo que en modo alguno concurre en este. Faltando tal premisa y dado que el hijo sigue conviviendo con la madre, los alimentos filiales deben entenderse consumidos sin que puedan desplegar efecto retroactivo ni devolutivo alguno, produciéndose la extinción de la pensión con efectos de la sentencia modificativa de primera instancia. También se decreta la extinción de la pensión compensatoria en su día establecida en favor de la demandada, pero también se deniega su retroactividad, pues cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte, el actor conocía la situación laboral de la demandada antes de la demanda y se aquietó a dicha situación hasta que la demanda se interpuso.
Resumen: La medida relativa a la pensión compensatoria es de naturaleza privada y por eso regida por los principios de preclusión y dispositivo y, en consecuencia, debió de proponerse con la contestación ( art. 770.2.b LEC) para integrar el objeto del proceso y aquello sobre lo que, conforme al principio de congruencia, debe de pronunciarse el Tribunal ( artículos 202 y 412 LEC). Aunque la doctrina jurisprudencial ha mitigado el rigor de la norma en el sentido de entender que si el actor en su demanda hace referencia al derecho a la pensión de la contraparte esa medida ya forma parte del objeto del proceso y la demandada no necesita reconvenir para solicitar su determinación, esto no es lo que ocurre en el caso pues la demanda omite toda referencia a la posibilidad de que la recurrente tuviese derecho a la pensión pero es que, además, de entender la parte que se menoscabó su derecho a la tutela efectiva en su manifestación del derecho a una resolución motivada sobre la petición de pensión lo procedente no es, como así hizo, solicitar del Tribunal de la alzada su establecimiento sino, más cabalmente, al amparo de los artículos 459 y 465.4 puestos en relación con el ordinal 3 del art. 255 de la LEC, solicitar la nulidad de lo actuado. Se confirma la decisión de la instancia que establece una pensión de alimentos de 100 euros como mínimo vital al contar la obligada con ingresos de 600 euros mensuales.
Resumen: Demanda de modificación de medidas pidiendo la supresión y extinción de la pensión compensatoria; subsidiariamente, su reducción a 1000 euros al mes con limitación temporal de un año. En primera instancia se desestimó la demanda. La Audiencia Provincial estimó el recurso, revocó la sentencia de primera instancia y declaró extinguida la pensión compensatoria, basándose en dos elementos: los bienes adjudicados a la demandada en la liquidación de la sociedad de gananciales y el hecho de que esta perciba una pensión de jubilación. La sala estima el recurso de casación; considera que la extinción de la pensión compensatoria no resulta adecuada, ya que no puede afirmarse que la liquidación de la sociedad de gananciales haya corregido completamente el desequilibrio económico existente y la percepción de una pensión de jubilación ya fue tenida en cuenta en el procedimiento de separación matrimonial para reducir la pensión compensatoria. No obstante, procede su reducción, puesto que a la recurrente se le han adjudicado bienes de cuantioso valor económico, tanto en dinero en efectivo como en inmuebles de los que puede disponer, vendiéndolos o explotándolos, lo que ha contribuido considerablemente a disminuir dicho desequilibrio. Por ello, casa la sentencia recurrida y al asumir la instancia estima parcialmente el recurso de apelación. Se reduce la pensión compensatoria a la cantidad de 1500 euros al mes, considerada más ponderada en el presente caso. Se mantiene sin límite temporal.
Resumen: DIVORCIO. PENSIÓN COMPENSATORIA POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. PROCEDENTE. Tiende a corregir el desequilibrio económico que la crisis matrimonial produce entre los esposos. Se trata de un derecho relativo y circunstancial, temporal o indefinido, no vitalicio, que surge cuando concurre el supuesto de hecho previsto en la norma. En la determinación de su importe, habrá de realizarse una detallada valoración de la situación familiar, laboral y social de los cónyuges, tomándose en consideración las circunstancias que ad exemplum enumera la norma. Su finalidad estriba en situar al beneficiario en situación de potencial igualdad de oportunidades a las que habría tenido de no haber existido el matrimonio. No se trata de un mecanismo igualitario de economías dispares ni tiene como fin equilibrar la situación patrimonial de los esposos producida la separación o el divorcio. Si se concede temporal, el plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio. En el caos, a la vista de la vida laboral de los litigantes, así como de la escasa duración del matrimonio, el tribunal acuerda desestimar el recurso planteado.
Resumen: Divorcio. La sentencia de primera instancia atribuyó a la madre la guarda y custodia del hijo menor, atribuyéndoles el uso de la vivienda familiar, de titularidad privativa del padre, hasta que el menor cumpliera 18 años de edad. Recurrida en apelación, la Audiencia desestimó los recursos, confirmando la resolución impugnada. Recurre la madre ante el TS, principalmente, porque la atribución del uso de la vivienda al hijo, de actualmente 15 años de edad, se limita hasta los 18 años, pese a padecer de una importante discapacidad. Considera la Sala, con estimación del recurso de casación que, en este caso y atendidas las circunstancias concurrentes, no procede, una atribución del uso de la vivienda familiar, titularidad privativa del demandado, de forma ilimitada en el tiempo como pretende la recurrente; pero sí cabe, como solicita el Ministerio Fiscal, fijar un plazo adicional de uso a favor del hijo de los litigantes en atención a las circunstancias concurrentes, y sin perjuicio de que, una vez cese dicha atribución, se interese, en su caso, una prestación alimenticia adicional para cubrir las necesidades de habitación del hijo con discapacidad mediante la formulación del correspondiente procedimiento de modificación de medidas definitivas. Por todo ello, la Sala fija prudentemente la atribución del uso de la vivienda familiar a un periodo de tres años adicionales a contar desde la mayoría de edad del hijo.
Resumen: Los requisitos que ha de poseer una relación o convivencia entre dos personas, para producir el efecto del artículo 101 CC, de tal modo que los datos que conducen a calificar la relación como de convivencia en los términos utilizados los siguientes: la existencia de una relación sentimental duradera, conocida por a por amigos y familiares, y pública en actos sociales; continuas permanencias y/o visitas de uno en el domicilio del otro, sin que sea preciso una convivencia continuada bajo el mismo techo el carácter de permanente de las relaciones y de exclusividad, que dan a entender el entorno social de los convivientes que se trataba de relaciones sentimentales con una cierta estabilidad. Si bien la prueba de la convivencia o relación incumbe al demandante, la demostración de que aquella no reúne las características de estabilidad y permanencia que la convierten en relación de contenido asimilable a la matrimonial (more uxorio) ..." -o añadimos, que obedezca a otra causa que nos sea la afectiva de pareja-, "corresponde a quien goza de tal situación, por la teoría de la facilidad probatoria. En el supuesto enjuiciado no se considera suficiente para justificar la convivencia el hecho de que la demandada figure como cotitular de tres cuentas con un tercero, aunque no se acrediten las razones que se alegan para justificarlo, valorándose que está ella sola empadronada en su domicilio, sin que conste residencia alguna de otra persona.
Resumen: DIVORCIO. MODIFICACIÓN DE MEDIDAS. PENSIÓN COMPENSATORIA. EXTINCIÓN: PROCEDENTE. Mantiene el apelante que la sentencia no ha tenido en cuenta el cambio de circunstancias operado por cuánto cuando se fijó la pensión compensatoria él tenía unos ingresos de unos 1.600 € mensuales, y en la actualidad percibe una pensión por incapacidad de 881,81 € en 14 pagas. El tribunal considera que el recurso debe ser estimado por cuanto debe partirse del hecho de que el apelante ha disminuido su capacidad de generar ingresos pues ya no trabaja como transportista, como acaecía al tiempo de fijarse la pensión compensatoria, y en la actualidad tan solo percibe la pensión por importe de 881,81 €, en tanto que la demandada mantiene una situación patrimonial análoga a la existente al momento de dictarse la sentencia de divorcio (29-01-2019), si bien queda constancia de su capacidad para trabajar.
Resumen: DIVORCIO. PENSIÓN COMPENSATORIA. IMPROCEDENTE. El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido o en una prestación única según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. El momento para tener en cuenta, para apreciar y determinar la existencia del desequilibrio es el de la ruptura de la convivencia, debiendo traer aquel causa de dicha ruptura. Si las posibilidades de ambos cónyuges estuvieran niveladas en el momento de la ruptura no existiría desequilibrio. Es por tanto al tiempo de la ruptura cuando se han de valorar las circunstancias y resolver tanto la procedencia del reconocimiento del derecho a la pensión como la cuantía de esta. La simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto las circunstancias que concurren en el supuesto enjuiciado. No se acredita el desequilibrio provocado por la ruptura matrimonial. USO DE LA VIVIENDA. IMPROCEDENTE. Se ha producido una pérdida sobrevenida del carácter familiar de la vivienda, al cesar ambos cónyuges por largo tiempo en su uso.
Resumen: La Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el padre, modificando el régimen de visitas establecido en la sentencia de primera instancia. Se acuerda que las visitas se realicen en fines de semana alternos, desde la salida del colegio el viernes hasta las 19 horas del domingo, y se establece un reparto equitativo de las vacaciones escolares. Además, se determina que el padre recogerá a la hija en el domicilio materno al inicio de cada visita, mientras que la madre la recogerá al finalizar cada estancia. Para fundamentar su decisión, la Audiencia se basa en el interés superior de la menor, conforme al artículo 39 de la Constitución Española y el artículo 92 del Código Civil, así como en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Se considera la necesidad de mantener una relación significativa entre la hija y ambos progenitores, teniendo en cuenta la distancia geográfica entre los domicilios y la importancia de evitar desplazamientos excesivos que puedan afectar el bienestar de la menor. La decisión busca equilibrar los derechos de ambos progenitores y garantizar el bienestar de la hija.
Resumen: La sentencia apelada fija una pensión compensatoria vitalicia a favor de la esposa y a cargo del esposo de 300 € mensuales, basándose en la dedicación de la esposa al cuidado de la familia durante más de 30 años, lo que le impidió desarrollar su carrera profesional y le causó un perjuicio económico. La Audiencia confirma la decisión porque, si bien la esposa trabajó 6 años antes del matrimonio y 13 años durante el mismo, la interrupción de su vida laboral durante más de tres décadas, dedicándose al cuidado de los hijos y del hogar, afectó negativamente su progresión profesional y su capacidad para obtener una pensión de jubilación más elevada. Por el contrario se considera que en ninguno de los litigantes concurre un interés más necesitado de protección que justifique, pues ambos tienen capacidad económica tanto por sus ingresos derivados de la jubilación como de ahorros para no considerar que en ninguno de ellos concurra un interés más necesitado de protección a los efectos del art. 96 CC . Por otro lado, tienen un patrimonio común que una vez liquidado, puede permitir a cada uno atender a sus necesidades habitacionales. Por ello se decide distribuir el uso de forma alternativa por periodos de un año, para favorecer la liquidación de la sociedad.
